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Actualidad

La (no poca) relevancia de solicitar el alta de los centros de trabajo en el sector de la construcción

>> 22 de Noviembre

La comunicación a la Autoridad Laboral de la apertura de los centros de trabajo se ha configurado como una obligación legal que deben cumplir todas las empresas sin excepción. Pues bien, pese a ello, son muchas las que vienen incumpliendo reiteradamente esta obligación por múltiples motivos (desconocimiento, falta de tiempo, pasotismo, etc.)

En el caso de las empresas de construcción instar el alta del centro de trabajo cobra especial relevancia en comparación con otras empresas dedicadas a otras actividades. 

Buena prueba de ello es que, a diferencia de otros casos, la normativa administrativa sectorial preventiva de construcción1  impone la obligación de que junto con la comunicación de apertura del centro de trabajo le sea adjuntado el Plan de Seguridad y Salud, en el caso de ser obligatoria su realización.  En el caso contrario, deberá aportar la evaluación de riesgos2 .

Se haya aportado una u otra documentación preventiva, lo cierto y verdad, es que, por el mero hecho de tratarse de una empresa de construcción, aquélla obrará en poder de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y, de los organismos de la Comunidad Autónoma con competencia en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

¿Qué se entiende por centro de trabajo en el sector de la construcción? 

La normativa sectorial no establece una definición de centro de trabajo para el caso de las empresas que realicen obras de construcción. 

Ante este silencio han sido los tribunales3, los que han determinado que en estos casos resulta de aplicación la definición genérica y común contenida en el Estatuto de los Trabajadores. Esto es, tendrá la consideración de centro de trabajo, la unidad productiva con organización específica, que sea dada de alta, como tal ante la autoridad laboral4. 

¿Cuáles son las que podrían ser las principales consecuencias por la falta de comunicación de la apertura de centro de trabajo?

La mera falta de comunicación conlleva numerosas consecuencias para la empresa, pero debido a que el espacio del que dispongo es limitado, me centraré en las que considero que tendrían mayor repercusión para la empresa: 

Per se, la falta de comunicación podrá ser entendido como un incumplimiento formal. En este sentido, la Autoridad Laboral puede considerar que la empresa ha cometido una infracción de carácter leve en materia de Prevención de Riesgos Laborales, de tal suerte que le podrá imponer una sanción de multa que oscilaría entre 45 ? y 2.450 ?5.

Aumenta el riesgo de que la empresa aplique incorrectamente un convenio colectivo a los trabajadores adscritos a un determinado centro de trabajo. Es más habitual de lo que uno se piensa, que la empresa venga aplicando el convenio colectivo correspondiente al del lugar que figura en la firma del contrato de trabajo o al del lugar en el que se ubica el domicilio social de la empresa, en detrimento de aplicar el del lugar en el que se ubica el centro de trabajo6 (generalmente, coincide con el lugar de prestación de servicios).La comisión de este error puede que no le salga barato a la empresa. Podría ser sancionada con una multa de 751 ? a 7.500 ?7 porque habría cometido una infracción de carácter grave en materia de relaciones laborales. Paralelamente, se podría dar el supuesto que la empresa tenga que abonar al trabajador las diferencias salariales resultantes entre lo que ha abonado y lo que debió percibir si aquélla hubiera aplicado el convenio colectivo correcto.

En el caso de surgir algún siniestro (por ejemplo, accidente de trabajo o enfermedad profesional), es posible que la compañía aseguradora se niegue a hacer frente a la responsabilidad civil. No es descartable que la empresa haya pactado con la compañía aseguradora que sólo asumirá los siniestros acontecidos en los centros de trabajo de la empresa que se encuentren dados de alta ante la Autoridad Laboral.

A modo de conclusión, queda meridianamente claro que algo que podría parecer un mero trámite administrativo y que, a primera vista, podría no tener la más mínima importancia, no es así ni mucho menos. 

  1. Artículo 19 de Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
  2. Artículo 2.2 de la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril.
  3. STSJ del País Vasco número 1204/2010 de 27 abril (RSU: 508/2010) y STSJ de Galicia número 3586/2016 de 6 junio (RSU: 1504/2015), entre otras.
  4. Artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores.
  5. Artículo 11.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en relación con el artículo 40.2.b) de esta norma.
  6. STSJ de Asturias número 4040/2008 de 5 diciembre (RSU: 1738/2008) y STSJ de Navarra número 259/2020 de 12 noviembre (RSU: 223/2020).
  7. Artículo 7.10 de la LISOS en relación con el artículo 40.1.b) de la LISOS.

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